Hace unos meses, cuando los “agentes sociales” negociaban la jubilación a los 67 años, el Gobierno propuso regular además la ultractividad de los convenios colectivos, es decir, la renovación automática de los derechos y obligaciones de los trabajadores al finalizar el período de validez de un convenio colectivo, hasta alcanzar un nuevo acuerdo.
Era un momento muy especial, ya que AENA estaba negociando con el sindicato USCA el nuevo convenio con los controladores. UGT y CC.OO. se opusieron frontalmente a acabar con la ultractividad porque no vieron garantías para defender sus propios convenios, y finalmente se decidió aparcar el asunto hasta que se encontrara una formula aceptable por los sindicatos.
Y se encontró: proteger los convenios en el ámbito sectorial y legislar contra los sindicatos profesionales minoritarios. Con este nuevo marco los “agentes sociales” volvieron a reunirse para limitar la vigencia de algunos convenios colectivos.
El diario El País publicaba el día 1 de marzo de 2011 una noticia que titulaba “Los convenios incluirán la mediación obligatoria para evitar bloqueos” y añadía un subtítulo muy clarificador: “Los sindicatos quieren eliminar regulaciones como la de los pilotos” (curiosamente se refieren a los pilotos, en lugar de los controladores, que han sido los verdaderos protagonistas de los últimos meses).
La nueva negociación se escenifica con la fotografía de los sindicalistas de siempre reunidos con el presidente de la CEOE y con la “amenaza” del ejecutivo (si no hay acuerdo, legislaremos) fijando el límite del 19 de marzo para estampar la firma y hacerse una nueva foto.
A partir de ahí empieza el tira y afloja de una negociación que parece estar ya pactada. Un ejemplo: mientras la CEOE exige que se limite la vigencia del convenio para aplicar el arbitraje, los sindicalistas “discrepan” y piden que se aplique un plazo máximo de un año, o sea que están de acuerdo.
El problema al que se enfrentan los dos sindicatos mayoritarios es que los trabajadores, hartos ya de tanto recorte, no comprenderían la cesión de un derecho tan elemental. Los propios sindicatos están incomodos porque, según sus propias palabras, este recorte en los derechos de los trabajadores contraviene la Constitución.
Pero Iberia no puede esperar. La situación tan especial en la que se encuentra no permite otra salida que acabar con la prorroga automática de los acuerdos firmados. Tiene en juego la continuidad de la franquicia con Air Nostrum, que expira a finales de diciembre, y se ve incapaz de afrontar la producción de este verano porque necesita al menos 200 pilotos, tras ocho años sin contratar personal, ni siquiera para cubrir las bajas vegetativas.
Provocando el enfrentamiento con los pilotos, y haciendo que estos convoquen una huelga más, se generaría la “inquietud social” y la repercusión mediática necesaria que el evento necesita para preparar a la opinión pública.
Los sindicatos UGT y CC.OO. ya están construyendo el argumentario y hablan del “deber de negociar”, un aspecto insistentemente reclamado a Iberia por parte del SEPLA pero que aquí se interpreta al revés.
Se sabe cómo se va a legislar contra estos sindicatos profesionales, aunque todavía hay que encontrar la redacción para hacerlo más o menos legal. Se trata de ir contra los “convenios franja”, como el de los pilotos o los controladores aéreos, que son negociados por sindicatos independientes, como el SEPLA o USCA, no adscritos a las consignas sindicales de UGT y CC.OO.
La nueva normativa, que se aprobará presumiblemente antes del 19 de marzo, pretende actuar contra los convenios colectivos no integrados en el sector o la empresa, o bien hacer que los convenios franja se integren en convenios más genéricos.
Por si acaso, Iberia ya está preparando el terreno y animando las maltrechas cuentas de los periódicos nacionales de mayor difusiónpublicando anuncios a toda página. El pasado sábado día 5 la compañía aérea publicaba un anuncio en la portada del diario El Pais. A ver qué escriben ahora los periodistas.