Sobre el Comandante como autoridad pública

Por lo visto hay quienes han criticado el anterior artículo (Un piloto extranjero no puede ser comandante en una aeronave española) y están en su derecho. Claro que, rebatir un artículo jurídico, requiere algo diferente que el insulto o la desacreditación. Ya les he contestado convenientemente en la misma página. Ahora voy a aclarar unos extremos que, al parecer, para algunos están algo oscuros.

Sé que pilotos españoles están ejerciendo de Comandante en otros países. Pero eso no rebaja ni un ápice las afirmaciones que expuse en mi artículo anterior. Lo que regulen las demás legislaciones no afecta a lo que establece la Constitución española: “No pueden ostentar autoridad pública más que los españoles” (arts. 13,2 en relación con el 23) La única excepción que admite, es en caso de elecciones municipales, si se regula y si hay reciprocidad, pero sólo en este caso. Insisto, la reciprocidad sólo es admitida por la Constitución en caso de elecciones municipales. En ningún otro caso.

El que una norma no se esté aplicando, por intereses determinados, no significa que esta norma no esté vigente. Hay otras normas que no se aplican estando en vigor, por intereses ilegítimos y por dejación de la Autoridad. Pero la Constitución es inviolable. Lo estamos oyendo cada día por boca del Gobierno de España, referido a las pretensiones del Gobierno catalán. Recordemos lo que dice el artículo 9 de la Constitución: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Si no se hace, lo honesto es criticarlo, máxime si se está perjudicando a pilotos españoles.

Repito lo que ya he comentado en diversas ocasiones: El hecho de que se modificaran los artículos 59 y 60 de la Ley sobre Navegación Aérea por medio del Real Decreto Ley no 6/1999 de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia, suprimiendo la palabra “autoridad”, e indicando que podrían ser Comandante todos los ciudadanos que ostenten la nacionalidad de un país de la Unión Europea, supuso una burda trampa jurídica para poder aplicar las normas europeas de libertad de trabajo, incluyendo no sólo a los pilotos, sobre los que no hay problema jurídico alguno, sino al Comandante, que sí lo había y lo sigue habiendo. Pero se pasaron de la raya. Violaron la Constitución y la anterior Ley de Extranjería, dado que prohibía que los extranjeros ostentaran la autoridad pública. Lo dije entonces y lo reafirmo ahora. Y lo digo, porque de ninguna manera se suprimió la autoridad. No se puede suprimir algo innato en la función de un Comandante, cuyo cometido a bordo es paralelo al del Capitán de la Marina Mercante (otra autoridad pública a bordo), dado que prácticamente tienen las mismas funciones reconocidas por la Ley.

Y esto es así porque un Estado no puede abandonar a sus ciudadanos en un medio de transporte público que no tiene contacto con tierra y desde el que no se puede acceder a la Autoridad pública existente en caso de necesidad (sedición, alborotos, secuestros, inseguridad, avisos de bomba, enfermedades, muertes, nacimientos, matrimonios en peligro de muerte, etc). Debemos recordar que la Ley aplicable en una aeronave española es la Ley española, cuando vuela por espacio libre o se halla en territorio extranjero, o lo sobrevuela, si a ello no se opusieren las leyes de Policía y Seguridad del país subyacente (art. 6 de la Ley sobre Navegación Aérea) ¿Cómo y por quién se habría de aplicar esta ley a bordo, sin no hubiera en la aeronave un representante de la autoridad pública?

Pero no es una ocurrencia mía. Lo dicen las EU OPS 1 (apartados 085-f, 090), el Reglamento (UE) 965/2012 que la va a sustituir, en el apartado CAT.GEN.MPA, 105; la Ley sobre Navegación Aérea, en cuyo artículo 142 se establece que la policía de la circulación aérea abarcará el cumplimiento de cuantos reglamentos y normas tiendan a una rápida y ordenada y segura circulación aérea, estableciendo en el siguiente artículo que las funciones de policía de la circulación aérea serán ejercidas por los Comandantes de aeronave, Jefes de demarcación y Jefes de aeropuerto. La Ley Penal y Procesal de la Navegación Aérea nunca suprimió los delitos contra la autoridad del Comandante (insulto al mando, atentados y desacatos – que se ha derivado al Código Penal ordinario como desacato a la autoridad -, desobediencia), los de abuso de autoridad, los de sedición (oponerse al cumplimiento de órdenes que dicte el Comandante, o impedirle el libre ejercicio de sus funciones, o ejecutar con otro fin coacción contra ellos, o realizar algún acto de odio o venganza en sus personas o bienes) , entro otras cosas. El Código Civil convierte al Comandante en funcionario eventual al establecer la posibilidad de que autorice el matrimonio de pasajeros a bordo, en peligro de muerte, o el Reglamento del Registro Civil cuando le nombre fedatario público en caso de fallecimiento o nacimiento a bordo. Eso sin hablar del Convenio de Tokio, donde el Comandante tiene autoridad absoluta incluso para reducir drásticamente a un pasajero en ciertos casos que afectan a la seguridad, el buen orden y la disciplina a bordo. Y podría seguir.