Redacción Extracrew 
21/12/2016 
El vuelo estuvo plagado de irregularidades.
El ministro de obras públicas boliviano presentó ayer los resultados de la investigación
LA PAZ (EXTRACREW.COM/Agencias)- El gobierno de Bolivia afirmó ayer por la tarde hora española, en rueda de prensa ofrecida por el ministro de Obras Públicas y Servicios Milton Claros, que la culpa del accidente de aviación que le costó la vida en Colombia a 71 personas es de la aerolínea boliviana Lamia y del piloto de la aeronave que se estrelló, Miguel Quiroga, fallecido en el siniestro.
Claros añadió que su ministerio está asumiendo acciones para sancionar los actos de responsabilidad de servidores públicos “por algunas omisiones que se han presentado”.
El la rueda de prensa se anunció la ratificacióndel procesamiento a la funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) Celia Castedo -huida a Brasil- por incumplimiento de funciones, y un superior inmediato de la funcionaria por no haber advertido de los errores detectados en el plan de vuelo de Lamia.
El Gobierno también ha ampliado querellas contra quienes fueron máximas autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), César Varela, y de AASANA, Tito Gandarillas, suspendidos de sus cargos tras el accidente del avión a fines de noviembre.
Gandarillas está acusado de incumplimiento de deberes, y Varela fue sindicado por “omisión de denuncia” por no haber hecho conocer la relación de parentesco entre el director nacional de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, y el exdirector de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, Gustavo Vargas Villegas. Padre e hijo se encuentran en prisión preventiva.
Según Cáceres, Vargas Villegas supuestamente incurrió “en los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
En la rueda de prensa también intervino el director de Transporte Aéreo, Andy Rocabado, que señaló que Lamia consiguió los permisos y certificaciones según el reglamento, aunque pudo incurrir en tráfico de influencias porque fue Vargas Villegas quien supervisó todo ese proceso.
Tanto la tripulación como la aeronave de Lamia tenían sus certificaciones en regla y Rocabado especificó que respecto al combustible, es el piloto el que “tiene que verificar que la dotación total no sea igual a la autonomía de vuelo”.
Cabe recordar que OACI establece que el cálculo de combustible debe contener, por lo menos, la cantidad necesaria para la ruta, más 30 minutos de esperas en destino, más la cantidad necesaria para proceder al alternativo, más 15 minutos de espera sobre éste último.
Comunicado hecho público ayer por el Gobierno de Bolivia.
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