Un documental aporta nuevos datos al cierre de 2010.

Un documental aporta nuevos datos al cierre de 2010.

Un documental aporta nuevos datos que niegan el abandono masivo de los controladores y apuntan a razones económicas

BARCELONA (EXTRACREW.COM)- La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA ha presentado este martes en Barcelona un documental que abona la tesis de que el Gobierno cerró el espacio aéreo el 3 de diciembre de 2010 para militarizar a los controladores y así poder contar con un número suficiente de efectivos para finalizar el año.

“No había personas suficientes para acabar el año. En Santiago de Compostela ya había 10 personas que no iban a trabajar por haber acabado su jornada laboral anual y lo mismo estaba a punto de ocurrir en Madrid”, ha dicho en la presentación del documental la secretaria de comunicación de USCA, Susana Romero.

Romero ha apuntado que Aena había solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) una ampliación de jornada del 10% que fue denegada: “La única manera para que los controladores siguiéramos trabajando era militarizarnos y para justificarlo cerraron el espacio aéreo”.

El presidente del Gobierno durante el cierre del espacio aéreo en 2010, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó entonces que los controladores abandonaron su puesto de trabajo alegando insuficiencia de facultades, y más de 500 controladores fueron investigados acusados por un presunto delito de sedición.

Actualmente, ya son 20 los juzgados españoles que han archivado las acciones penales contra los controladores al estimar que no existió abandono de los puestos, y el Tribunal Supremo dictó un auto en octubre de 2014 en el que señala que sostener que hubo una actuación única y conjunta de los controladores aéreos es una «conclusión aventurada y carente de todo soporte probatorio».

No obstante, en Barcelona se siguen celebrando juicios contra las sanciones que ENAIRE abrió a 61 controladores del centro de control de Barcelona en marzo de 2015 por el cierre del espacio aéreo en 2010. También quedan abiertas causas penales en Madrid y Palma de Mallorca.